La ONU y la Constitución del Ecuador defienden la comunicación como un derecho, mientras que Rafael Correa sostiene que se trata de un servicio público y pretende definirla así en el veto presidencial a la Ley de la Participación Ciudadana.
Alianza País evidenció sus intenciones de categorizar a la comunicación como bien público, desde que Rolando Panchana presentó su iniciativa legal. Pero, su objetivo principal es que el Estado pueda regular todo contenido periodístico. Sin embargo, la Comisión rechazo dicha propuesta, puesto que la consideraron un derecho; a razón que el proyecto de ley de Comunicación menciona que las personas tienen derecho a expresar sus pensamientos, opiniones, etc. a través de los medios de comunicación. Por su parte, Betty Carrillo ratificó que dicho principio se mantendrá para segundo debate.
El actual Régimen sostiene que la ciudadanía tiene derecho a estar informada sobre las labores del Gobierno, pero plantea que antes de hacer pública la información, ésta deberá ser filtrada por el Consejo de Participación Ciudadana.
Es por ello que varios Asambleístas consideran que el Gobierno busca controlar los medios de comunicación y regular toda información. Empero, si la oposición pretende neutralizar la propuesta presidencial, necesita conseguir 82 votos antes del 3 de abril.
ANÁLSIS:
La noticia requiere de citas de fuentes que hablan a favor o en contra de la nueva Ley de Comunicaicón que se pretende implantar, pues no basta con que se mecionen varias de las opiniones que los principalers implicados han expuesto, sino que conocer sus palabras, podría generar mayor interrelación con los lectores y, en sí, con la ciudadanía que también está interesada en el asunto.
Por otra parte, el inicio es interesante, puesto que se hace una breve introducción al tema haciendo una breve referencia a la redacción universal de los derechos humanos. Se parte desde lo general hasta lo particular, en este caso la situación de un país.
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