La oposición cree que esta semana el Gobierno arrancó una embestida para lograr un control de los medios de comunicación. u argumento tiene como pilares el veto presidencial a la Ley de Participación Ciudadana y las declaraciones de la titular de la Comisión de Comunicación, Betty Carrillo, sobre la Ley de Medios.
El trámite de los vetosLa Asamblea tiene 30 días para debatir los vetos del Ejecutivo. Este plazo incluye los días sábados y domingos. Los legisladores, para insistir en su texto original, es decir para no acatar el veto presidencial, necesitan reunir 82 votos.
El presidente Rafael Correa propuso que el artículo 88 de ese cuerpo legal sea cambiado para facultar a una persona o un grupo a pedir una rendición de cuentas de instituciones públicas y privadas (que brinden servicios públicos), incluidos los medios. Esta solicitud se podrá hacer cada año y no existen límites de los asuntos materia de esta rendición. Galo Lara, asambleísta de Sociedad Patriótica y miembro de la comisión que redactó esa ley, sostuvo que en ese artículo no estaban contemplados los medios de información, porque no lo consideraron apropiado. El veto demuestra que Correa pretende “meter la mano” en los contenidos de la prensa.
El Ejecutivo -en su reporte enviado a la Asamblea- justificó la inclusión de la prensa en ese artículo. Sostiene que los medios son “entidades públicas o personas naturales o jurídicas de derecho privado, que prestan el servicio público de la comunicación”.Gustavo Abad, periodista y especialista en Comunicación, aunque no ha analizado a fondo el veto del Ejecutivo, cree que el concepto de rendición de cuentas es un ideal social. En ese sentido, que se pida ese informe resulta lícito porque “la prensa maneja un bien público como es la comunicación”.
Sin embargo, dice que hay que precautelar el mecanismo a utilizarse, “para que sea transparente y no caiga un perverso control”. Abad recuerda que en el proyecto de Ley de Comunicación está la figura del Defensor del Público, que puede funcionar para rendir cuentas. Justamente, esta ley nuevamente entra a la polémica. La presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, aseguró que se debe debatir la conformación del Consejo de Comunicación. Este organismo, que nacerá con la nueva legislación, se encargará del manejo de las políticas en esa área y de sancionar a los medios. Carrillo insistió que delegados del Ejecutivo sean parte del Consejo. Ella propuso que un delegado del Ministerio de Educación, otro del Ministerio de Cultura, uno de las universidades y tres personas escogidas en la sociedad civil integren ese organismo.
La primera reacción en contra salió del titular de la Asamblea, Fernando Cordero, quien aseguró que esa idea es volver al pasado. Sostuvo que insistir en poner a un delegado del Gobierno en el Consejo significará contradecir al convenio firmado con las fuerzas legislativas y que destrabó el debate de la Ley de Medios. No obstante, para la vicepresidente de la Asamblea, Irina Cabezas, la propuesta de Carrillo hay que analizarla. A su juicio es necesario que, por lo menos, un representante del Ejecutivo sea parte de la Comisión para tener un nexo y articular la política de Comunicación que la ordena la Constitución. Está previsto que la propuesta de Carrillo sea analizada y debatida la próxima semana.
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